El primer año de gestión de Maximiliano Pullaro al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe estuvo marcado por una serie de reformas clave que buscan transformar tanto la estructura del Estado como la gestión pública.
Las tres reformas históricas aprobadas en menos de un año, que implican profundos cambios para el futuro de Santa Fe
El oficialismo impulsó tres reformas clave en Santa Fe: previsional, judicial y constitucional. A pesar de la resistencia y el debate generado, el gobierno avanza con el objetivo de transformar la administración pública y abordar cuestiones estructurales fundamentales.
Con el respaldo mayoritario de una legislatura a su favor a través de la coalición Unido (con mayoría en ambas cámaras) el gobernador logró aprobar tres reformas históricas que impactan de manera directa en la administración política, la seguridad y el sistema previsional.
En un clima de tensiones políticas y sociales, la Casa Gris impulsó medidas que han generado debate y resistencia, pero también han sido celebradas por sectores reformistas, que demandaban una modernización del Estado.
Se trata de las reformas previsional, judicial y constitucional, las cuales tendrán implicancias profundas en el futuro de la provincia.
Reforma Previsional: en busca de reducir del déficit
Una de las reformas más controvertidas y cruciales del gobierno de Pullaro fue la reforma previsional, aprobada el 12 de septiembre en un contexto de alta tensión política y social.
La medida, que ya contaba con media sanción del Senado, buscó reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe mediante un conjunto de cambios estructurales que afectan tanto a los trabajadores activos como a los pasivos.
La reforma establece una "emergencia previsional" por dos años, con la posibilidad de una prórroga de hasta seis años más, lo que significa que el sistema previsional de la provincia podría seguir bajo este régimen de excepcionalidad hasta septiembre de 2027.
Una de las medidas más controversiales es el "aporte solidario" que deben pagar los jubilados que perciben más de tres haberes mínimos, lo que afecta aproximadamente al 32% de los pasivos.
Este aporte se incrementará de forma ascendente, comenzando con un 2% y llegando hasta un 6% para aquellos que perciban más de 14 jubilaciones mínimas. Además, los funcionarios de los tres poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial, deberán contribuir con un 2,77% de su salario durante 36 meses.
La reforma también estableció nuevos parámetros para el cálculo de los haberes jubilatorios, ajustando el porcentaje sobre el promedio de aportes y estableciendo un tope para las jubilaciones, que no podrá exceder las 20 jubilaciones ordinarias.
Si bien la medida fue aprobada por una mayoría legislativa, generó fuertes protestas por parte de gremios docentes y estatales, quienes se manifestaron en contra de los cambios. En este contexto, uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 49, que faculta al gobernador a modificar la edad jubilatoria en caso de que la Nación ajuste los requisitos para acceder al beneficio.
Reforma Judicial: ampliación de la Corte y nuevos límites de edad
El 14 de noviembre, la legislatura sancionó la reforma judicial, otro de los grandes objetivos de la gestión de Pullaro, que modifica de manera significativa la estructura de la Corte Suprema de Santa Fe.
La reforma amplió el número de miembros del máximo tribunal provincial de cinco a siete, con el objetivo de garantizar una mayor representación de paridad de género en la composición del tribunal.
Además, se estableció que los ministros de la Corte, así como el procurador general, cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años, aunque podrán continuar por un periodo adicional de cinco años si obtienen la aprobación del pliego correspondiente.
La reforma fue aprobada con el apoyo de la coalición oficialista y parte de la oposición, aunque algunos sectores, como el bloque de "Somos Vida", votaron en contra, defendiendo una visión más conservadora del sistema judicial.
La modificación a la composición de la Corte, y la imposición de límites de edad a los magistrados, tiene como objetivo aumentar la transparencia y la renovación del poder judicial, un reclamo histórico en la provincia que busca garantizar una justicia más eficiente y accesible. Esta reforma también se enmarca dentro de un proyecto más amplio de modernización de las instituciones provinciales, impulsado por el gobierno de Pullaro.
Reforma Constitucional
El 6 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó la ley que habilita el proceso de reforma de la Constitución provincial, un hecho que marca el cierre de un ciclo reformista iniciado con las reformas previsional y judicial.
Esta reforma constitucional representa un cambio de gran envergadura, ya que permite modificar más de 40 artículos de la Carta Magna de Santa Fe, vigente desde 1962.
Entre los temas más relevantes que podrán ser tratados por la Convención Reformadora se encuentran la reelección del gobernador, la autonomía municipal, la composición de la Cámara de Diputados, la implementación de un sistema de balotaje para la elección de gobernador, y la creación de un Consejo de la Magistratura, entre otros.
El proceso de reforma constitucional no estuvo exento de tensiones y negociaciones. La discusión política fue ardua, pero el oficialismo logró asegurar los votos necesarios para avanzar con la reforma. En el Senado, el dictamen fue aprobado por un amplio margen, lo que permitió iniciar el proceso formal de modificación.
Los comicios para elegir a los constituyentes se celebrarán en abril de 2025, y la Convención tendrá un año para presentar las reformas definitivas, lo que podría cambiar profundamente la estructura política y administrativa de la provincia.
La reforma también prevé eliminar la confesionalidad del Estado y ampliar los derechos ciudadanos, reflejando un claro objetivo de modernización y ampliación de derechos para los habitantes de Santa Fe.
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